Hace unos días pensaba en algo que veo constantemente en el despacho.

La mayoría de las personas no acuden a un abogado cuando todo va bien.

Acuden cuando el proveedor ya no paga.

Cuando el socio deja de contestar.

Cuando el trabajador ha presentado una reclamación.

Cuando el contrato que parecía tan sencillo se convierte en un problema.

Cuando el conflicto ya existe. Y lo entiendo.

Porque durante mucho tiempo nos han hecho creer que acudir a un abogado es algo que solo se hace cuando no queda más remedio. Pero la realidad es que gran parte de los problemas jurídicos que terminan en un juzgado podrían haberse evitado mucho antes.

Con una revisión previa.

Con una cláusula bien redactada.

Con una conversación a tiempo.

Con alguien que te diga: “espera, antes de firmar esto, vamos a verlo”.

Lo curioso es que muchas veces se percibe el asesoramiento preventivo como un gasto, cuando suele ser justamente lo contrario.

Un contrato bien hecho puede evitar años de litigio.

Una decisión tomada con seguridad jurídica puede evitar pérdidas económicas importantes.

Y una consulta a tiempo puede ahorrar mucho más de lo que cuesta. Además, cuando un conflicto acaba judicializándose, el riesgo no es solo el tiempo, la incertidumbre o el desgaste personal. La propia Ley de Enjuiciamiento Civil prevé, con carácter general, la imposición de costas a quien ve rechazadas íntegramente sus pretensiones (art. 394 LEC).

Por eso, cada vez estamos más convencidos de algo: